En el país andino la esperanza de retirase y descansar dignamente después de toda una vida de trabajo es muy baja. De acuerdo a las estimaciones que hemos realizado con la encuesta de hogares (ENAHO 2018), de cada 10 peruanos mayores a 14 años, casi 7 no tienen ningún sistema de pensiones, 1 está afiliado al sistema nacional de pensiones SNP (en base al principio de solidaridad) y 2 están en el sistema privado, cuyo principio se basa en la capitalización individual: dime cuánto cotizaste durante tu vida laboral y te diré si vivirás dignamente en la vejez. Es decir, sólo un 31% de la población mayor a 14 años está afiliado a un sistema de pensiones, dejando a Perú como un de los países de América Latina con mayor incertidumbre a la hora de obtener una renta en la vejez.
Perú, junto con México y el Salvador, es una de las experiencias en las que la privatización está más consolidada. Incluso Chile, Bolivia y Argentina, países que dieron pasos en esa dirección durante los ’80 y ’90, hoy han reculado y siguen apostando por los fondos públicos de pensiones. Chile creó una pensión mínima solidaria en el fondo privado por la baja capacidad adquisitiva de la misma. Argentina y Bolivia han dado pasos sobre la nacionalización de las pensiones.
Perú, al igual que Colombia, mantiene un sistema híbrido. Desde 1993 el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de Perú convive con los fondos privados que se gestionan a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los trabajadores tienen la posibilidad de elegir entre el fondo privado, una AFP, o el fondo público en el SNP.
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