Ha sido el poder judicial enfrentándose a su creciente falta de legitimidad (letal para cualquier estado moderno) el que ha negado sistemáticamente la pluralidad nacional del Estado
Las acusaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado a los presos y presas del 1-O ha confirmado lo que desde la apertura la crisis de régimen se ha ido certificando: hay una parte del bloque de poder que no está interesada en modificar ni un milímetro el orden social vigente para incorporar las nuevas demandas de los sectores que se han enunciado como excluídos.
Esta rigidez que durante los mandatos del Partido Popular estaba en sintonía con la posición del Gobierno -en mayor o menor grado y según el caso- hoy se ha disociado de la voluntad del ejecutivo de Sánchez que, ante todo, bebe de una clara vocación reformista que le permita, por lo menos, controlar el embiste que la irrupción de los nuevos movimientos democratizadores ha provocado en contrato social vigente.
Analizar con detenimiento las distintas posiciones en el sí de un bloque de poder crecientemente fragmentado merecería un estudio mucho más acurado, pero su plasmación política se ha encarnado en dos figuras de la estructura del Estado muy concretas: el poder judicial y el Rey.
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