Pedro Sánchez, en su discurso durante la moción la censura el 31 de mayo, mostró su firme determinación a poner fin a esta práctica y se comprometió a la derogación urgente de la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero desde entonces, su Gobierno ha mantenido hasta el recurso presentado por el Partido Popular contra la condena a España por parte del Tribunal de Derechos Humanos.
El Grupo Socialista, junto con los demás grupos parlamentarios, puede poner fin en los próximos semanas a las “devoluciones en caliente”, una práctica internacionalmente prohibida y que vulnera los derechos más básicos de las personas migrantes.
Tras un largo tiempo de bloqueo en el Parlamento español, los grupos parlamentarios han llegado a un acuerdo para la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
En esta ley, la disposición final primera, sobre el Régimen especial de Ceuta y Melilla, autoriza las devoluciones sumarias de inmigrantes detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de estas ciudades y modifica la Ley de Extranjería vigente.
Esta práctica supone una grave vulneración de los derechos de las personas migrantes y es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a la Constitución española. Así lo han señalado los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Estrasburgo y el propio Defensor del Pueblo.
Desde numerosas organizaciones de la sociedad civil venimos reclamando la derogación urgente de esta Disposición que vulnera frontalmente el ordenamiento jurídico español, la Convención Europea de los Derechos Humanos y seis Tratados Internacionales de Derechos Humanos que el Estado está obligado a cumplir.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada