El Gobierno mexicano se ha sometido al examen periódico del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como consecuencia de las desapariciones forzadas en el país.
El caso de Ayotzinapa mereció una mención especial por parte de Estados Unidos, que además de a la indagación, llamó a la rendición de cuentas de quienes la obstruyan.
Entre los asuntos abordados destacaron asimismo las agresiones y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, para quienes se pidió justicia por medio de investigaciones a fondo que revelen los motivos y procesen a los responsables materiales e intelectuales. Además, los Estados que han participado en los encuentros recomendaron proteger a esos profesionales y activistas, y garantizarles el libre ejercicio de su labor.
La violencia de género y los feminicidios ocuparon otro de los principales puntos de discusión con recomendaciones múltiples de aclararlos y sancionarlos con todo el peso de la ley para poner fin a este flagelo.
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