Varias organizaciones de migrantes, refugiados y sus aliadas han denunciado el papel del Estado canadiense en los recientes éxodos de miles de personas que migran desde América central, principalmente de Honduras y Salvador, que hoy se encuentran en México tratando de llegar a la frontera con Estados Unidos.
Por medio de una declaración enviada a las autoridades canadienses, las organizaciones firmantes recuerdan por ejemplo que Canadá fue el primer país en reconocer la legitimidad del gobierno golpista hondureño en 2009, a cambio de que se reformaran las leyes para favorecer las inversiones extranjeras y la explotación minera en Honduras.
Esta nueva legislación se inspira de las leyes mineras canadienses, unas de las más permisivas del mundo. Por ello, entre 50 % y 70 % de las inversiones mineras en América latina provienen de empresas registradas en Canadá.
Las organizaciones firmantes afirman que los megaproyectos de extracción de recursos naturales causan desplazamientos forzados, inseguridad y violencia en los pueblos afectados, robandoles de sus medios de vida, sus culturas y tradiciones.
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