Durante las últimas semanas, el caso Lava Jato -que investiga la corrupción vinculada a la empresa Odebrecht en materia de coimas, sobornos y financiamiento electoral en Perú- se ha mantenido en el centro de la escena política y judicial. A la prisión preventiva dictada contra Keiko Fujimori y su entorno se suma el reciente impedimento de salida del país dictado contra Alan García. También desde el Congreso, la Comisión investigadora presidida por la legisladora fujimorista Rosa Bartra, entregó un informe que debía complementar lo actuado por la Fiscalía, pero que por su carácter sesgado fue rechazado por los grupos opositores. Se trata de un panorama de crisis latente que toma dos cursos para su tensión y probable resolución: el protagonismo judicial que afecta a los principales actores políticos y el referéndum del 9 de diciembre.
Veamos cómo se han desenvuelto los actores en torno al megacaso de corrupción y qué posturas se van posicionando en el escenario político frente al referéndum que busca modificar el capítulo del sistema de justicia de la Constitución, el financiamiento de los partidos y la posible vuelta a la bicameralidad.
La acción judicial vinculada al Lava Jato ha expuesto ante el país la forma de financiamiento electoral y de gestión gubernamental que desarrollaron los grupos políticos que se turnaron en el poder durante los últimos 25 años. Es un mecanismo bien aceitado que incluye apoyos millonarios a las campañas electorales para luego, una vez que el partido llega al Gobierno o logra posiciones parlamentarias, obtener obras y concesiones públicas de manera ventajosa y privilegiada, por las cuales también reparte sobornos a los funcionarios de turno. Una forma de funcionamiento y expansión que, seguramente, no es invento ni exclusividad de Odebrecht, pero que por su magnitud y alcance resulta fundamental en Latinoamérica y el Perú en particular.
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