dilluns, 24 de desembre del 2018

Entre Trump y los Derechos Humanos: iniciativas en México sobre la migración centroamericana


Turquía se ha convertido en el gendarme de las fronteras de Europa, impidiendo que los inmigrantes pasen al otro lado. ¡Ay! No debemos permitir que México cumpla ese ruin papel con respecto a Estados Unidos”. Carlos Payán Velver, periodista mexicano y fundador del diario La Jornada, pronunció esta advertencia el miércoles, 19 de diciembre, tras recibir la Medalla Belisario Domínguez, una de las más importantes del país. Ese es uno de los retos a los que se enfrenta el recién estrenado gobierno de Andrés Manuel López Obrador: no ceder a las presiones de Donald Trump y evitar convertirse en la Turquía o el Marruecos que reprime a los migrantes antes de que estos pisen el territorio de los privilegiados. O no seguir siéndolo. Porque México sigue siendo el lugar donde cientos, miles de migrantes, son extorsionados, arrestados arbitrariamente, vendidos como esclavos o desaparecidos por grupos criminales.



La caravana que atravesó México desde finales de octubre sirvió para volver a visibilizar el fenómeno. En su momento álgido, más de 10.000 hombres, mujeres y niños atravesaron a pecho descubierto una de las rutas más peligrosas del mundo. El grupo ya se ha disgregado y una parte permanece en Tijuana, mientras busca el modo de saltar la valla. Son, sin embargo, una ínfima parte del flujo que cada año atraviesa México procedente de Guatemala, Honduras y El Salvador con destino a Estados Unidos. Según datos del Acnur, entre 400.000 y 500.000 centroamericanos cruzan anualmente una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Aunque los datos son orientativos. Hablamos de migración irregular. Nadie se apunta en un censo.

Es en este contexto donde hay que ubicar dos iniciativas hechas públicas esta semana.

La primera es un acuerdo entre México y Estados Unidos para poner en marcha un plan de desarrollo para Centroamérica y el sur mexicano. La segunda, el intento de Washington de convertir a sus vecinos del sur en un "tercer país seguro" en el que los solicitantes de asilo permanezcan hasta que un juez determine si serán acogidos en Estados Unidos o deportados a sus lugares de origen. En el caso de los centroamericanos, un estudio de la Universidad de Siracusa desvela que entre el 75% y el 80% de las peticiones de asilo son rechazadas.

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