La llegada de Rafael Correa a la escena política en 2005 marcó un antes y un después en el Ecuador. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en su última encuesta de opinión (octubre de 2018) encontró que el 44% de la población aprueba la gestión de los últimos 10 años en la Presidencia. Este hecho constituye un fenómeno inédito en un país que, hasta entonces, tenía poca representatividad democrática, los gobernantes perdían rápidamente popularidad o terminaban derrocados, y el marco de gobernanza exigía la inmovilidad y el mantenimiento del statu quo. No existe un jefe de Estado que haya emprendido tantas reformas durante tanto tiempo y que mantenga una aceptación tan alta.
Correa rompió con el esquema de partidos, emprendió una serie de reformas económicas y políticas de hondo calado y gestionó su gobernabilidad echando un cable directo —de comunicación— entre él y las capas sociales más desprotegidas: sabatinas, gabinetes itinerantes, medios públicos, etc.
Con la arena política perfectamente delimitada entre ‘nosotros (pueblo)’ y ‘ellos (la élite)’ se construía una identidad política del correísmo. La coherencia entre lo que decía y hacía le valió altos niveles de popularidad y, por ende, le permitió reivindicar las viejas esperanzas económicas de la izquierda: un Estado que redistribuya, proteja y gestione la economía. En esa cruzada recuperó el terreno ideológico que había perdido la izquierda durante décadas de neoliberalismo: (i) el gasto público como solución, no como problema, (ii) Los impuestos progresivos como articuladores del desarrollo y, (iii) finalmente demostró que la inversión, la gestión y el servicio público sí podían ser de calidad y estar al mismo nivel que la empresa privada.
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