En los años ’80 el mundo quedó de rodillas a las ideas del neoliberalismo y, con ello, la privatización y minimización del Estado se extendería como un tifón por América Latina y otros países en desarrollo. Nada se salvó: el transporte, la electricidad, el agua, la educación y muchos otros sectores sucumbieron a estas ideas. Dentro de esta tendencia, la privatización del sistema de pensiones fue uno que cobró especial importancia, tanto por su novedad como por lo arriesgado de la empresa: nadie sabía qué consecuencias podría traer. A pesar de aquello, el Banco Mundial (BM)[i], el Fondo Monetario Internacional (FMI), la USAID, el Instituto Cato y otros organismos se embarcaron en una cruzada privatizadora para solucionar la “crisis” de las pensiones, quitarle un peso al Estado y, de paso, generar un jugoso negocio a las élites financieras que lucrarían con los ahorros de los trabajadores.
Sería un salto al vacío; un experimento nunca antes emprendido. Como en todo experimento, aquellos más débiles fueron por delante. El Chile de Augusto Pinochet fue la primera experiencia y, desde ese momento —entre el año 1981 y 2014—, 30 países han privatizado total o parcialmente su sistema de pensiones. De ellos, 14 fueron de América Latina, 14 de Europa del Este o la antigua Unión Soviética y 2 de África. Por el contrario, al día de hoy ningún país desarrollado —exceptuando Suecia— tiene privatizado el tronco central de su sistema de pensiones.
Al mudar del sistema público —de caja común— hacia la capitalización individual, los trabajadores dejaron de ser ahorristas con un beneficio definido y se convirtieron en “inversionistas” desinformados, obligados aportar sin certeza del rédito que recibirían en el futuro, siempre al vaivén de los riesgos del sistema financiero internacional. El neoliberalismo llevo a la sociedad a firmar un cheque en blanco.
Después de casi 40 años hay suficiente evidencia para saber qué ocurrió. Investigaciones recientes documentan el fracaso rotundo de las pensiones privadas en estos países (Ortíz et al. 2018).[ii] El experimento resultó tan mal que, de los 30 países señalados, 18 han revertido la privatización y muchos otros han tenido que introducir reformas para poder sostener el descontento social
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