Es necesario crear un observatorio para la recuperación de la memoria y la reparación de las víctimas de las fronteras, enfocado en la investigación de las muertes, la identificación de las personas fallecidas y en la comunicación con las familias.
El 1 de noviembre de 1988 llegaba a la Playa de los Lances, Tarifa, la que fue la primera persona migrante encontrada muerta en las costas españolas. Se llamaba Touré. El hecho de ponerle nombre no es una cuestión menor, sino un acto político en sí mismo.
Esa política pública debería pasar por la creación de un observatorio para la recuperación de la memoria y la reparación de las víctimas de las fronteras, enfocado en la investigación de las muertes y la identificación de las personas fallecidas, dándoles un tratamiento digno y acorde con sus creencias, así como a la localización y comunicación efectiva a las familias allá dónde se encuentren y el acompañamiento en los casos en que fuera necesario, ofreciéndoles la posibilidad del acompañamientos psicosocial necesario y de hacerse cargo de los procesos de repatriación.
Una sociedad que sepa entender que la movilidad humana es una realidad intrínseca a la humanidad. Si seguimos obviándolo, los muertos seguirán poniéndolos las mismas.
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