Durante las últimas décadas, la conflictividad social y ecológica en torno a la explotación, la apropiación y el control de la naturaleza se ha exacerbado en América Latina, y en este marco la minería metálica a gran escala es una de las actividades más destructivas y violentas. Los impactos de la megaminería son devastadores, afectan las dimensiones materiales y simbólicas del territorio y alteran los metabolismos sociales en sus cinco procesos: apropiación, transformación, distribución, consumo y excreción.
Asimismo, la ocupación y militarización de los territorios indígenas y campesinos por parte de multinacionales extractivas opera como una suerte de terrorismo de Estado. La persecución, la criminalización y el asesinato de líderes indígenas, ecologistas y campesinos es un denominador compartido en el sur geopolítico (Martínez, 2013).
Incluso en países como Ecuador,[1] cuya Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, el once por ciento del territorio nacional fue dado en concesiones para la megaminería con la reapertura del catastro minero en mayo de 2016.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada