El día 3 de febrero se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en El Salvador, donde lo inusual parece ser su principal característica. Un desgastado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la cuestionada Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) dejan al exintegrante del Frente, Nayib Bukele como el preferido para ocupar la silla presidencial. Todo ello ocurre en un contexto ciudadano que desconfía del sistema electoral, de la cooptación arenera de distintos poderes del Estado, así como de las alianzas políticas que entretejen el camino a la presidencia. Este artículo pretende retratar, brevemente, las fuerzas políticas en tensión en la política electoral salvadoreña.
El FMLN obtuvo su más grande derrota electoral en 2018, al contar con apenas 23 escaños en una Asamblea Nacional controlada por ARENA y sus aliados. Esta derrota se extendió a la mayoría de las alcaldías, incluida la capital de San Salvador.
el Frente fue sometido a un severo escrutinio, que concluyó con la elección de Hugo Martínez, exministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Sánchez Cerén, y Karina Sosa, como fórmula presidencial[i]. Hugo representa la candidatura que no proviene de la Comisión Política del FMLN[ii] y es cercano al vicepresidente Oscar Ortiz –espacio y líder que representan las fracturas históricas internas del Frente-.
Por su parte, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) eligió al empresario Carlos Calleja como su candidato presidencial. Carlos es actualmente el vicepresidente del Grupo Calleja –la cadena de supermercados más grande de El Salvador-. Este hecho recientemente ha cobrado mayor importancia ante una publicación del Banco Mundial que vincula al Grupo Calleja con una concesión del Estado en el puerto de Acajutla, Sonsonate, a través de Invenergy Clean Power LLC. El 17,6% del capital de esta empresa proviene de Calleja S.A.
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