Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos de más de dieciocho países de la Unión Europea (UE) han lanzado la campaña ‘Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales. Stop ISDS’, para eliminar de los tratados el sistema de ‘Solución de controversias entre inversores y estados’ (ISDS) por el que las empresas multinacionales pueden demandar a los gobiernos que protejan derechos sociales o medioambientales.
La campaña ha enviado un mensaje a los directivos de las multinacionales y a los gobiernos reunidos en el Foro Económico Mundial en Davos culpables de cometer crímenes ambientales y sociales: se exigirá un tratado internacional vinculante acompañado de una ley estatal, que permita juzgar a las transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen.
El mecanismo ISDS se encuentra en la mayoría de los tratados de comercio y de inversión, como en el Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá (CETA) o en el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP).
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