El viernes 1 de febrero, con el traslado de los 9 presos y presas políticas independentistas hacia Madrid se ha iniciado la cuenta atrás definitiva del juicio a la democracia. Las nueve personas se enfrentan a acusaciones fiscales de rebelión o de rebelión y malversación que suman 156 años de cárcel.
El mismo día han comenzado las movilizaciones en Catalunya. Por la mañana apoyando desde las carreteras a los presos cuando eran trasladados a Madrid y por la tarde con concentraciones y manifestaciones en muchas ciudades.
Toda persona que examine objetivamente los hechos acaecidos entre el 20 de septiembre y el 27 de diciembre de 2017 comprobará que no hubo ninguna rebelión, por la sencilla razón de que no hubo ninguna violencia. Hubo manifestaciones, desobediencia civil, un referéndum multitudinario, una huelga general de país y una declaración de independencia sin efectos prácticos. Todas ellas acciones pacíficas en defensa de la libertad que no deberían estar penalizadas y, aún menos, ser objeto de peticiones fiscales tan desorbitadas.
La acusación de rebelión se basa en una manipulación de los hechos, amparada en una falta de separación de poderes, que intenta retorcer la interpretación del código penal para convertirlo en una coraza protectora de la evolución autoritaria del Estado, que penalice aún más las movilizaciones por derechos y libertades fundamentales, y que autorice calificar de rebelión toda actividad política masiva y pacífica que busque poner fin al régimen monárquico instaurado por la Constitución de 1978
Por estas razones el juicio contra las personas independentistas que comenzará el 12 de febrero puede ser calificado de juicio a la democracia.
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