En las últimas décadas los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia América Latina han crecido notablemente. En 2016, por ejemplo, los flujos entrantes de IED equivalían al 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de América Latina y el Caribe, una cifra muy superior al promedio global, de alrededor de 2,5% (UNCTAD, 2017).
Sin embargo, pese a los claros beneficios que, en teoría, esto debería tener, la evidencia sobre los efectos de esta considerable llegada de IED en el crecimiento y reducción de la desigualdad y la pobreza no es tan alentadora en la región. Descubrir las causas de esta desconexión, aparentemente desconcertante, será el propósito del presente artículo, poniendo especial énfasis en la relación entre IED y pobreza.
En las últimas décadas América Latina y el Caribe han mostrado una gran apertura a la llegada de capitales extranjeros. De hecho, en 2011 los flujos de IED a la región alcanzaron una cifra récord luego de un acelerado crecimiento iniciado en la década de 1990, impulsado por las reformas estructurales generalizadas en ese momento.
La teoría económica convencional sugeriría que tal llegada de capitales extranjeros debía haber sido notoriamente favorable para el desarrollo de la región. El razonamiento es bastante intuitivo: economías en vías de desarrollo carentes de capital físico beneficiándose de la llegada de inversión del extranjero. Si seguimos la teoría de Solow, centrada en el ahorro, la IED puede ser vista como una oportunidad evidente para el crecimiento económico en países como los de nuestra región
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