El juicio encara el final de su tercera semana con un debate ya instalado sobre su desarrollo. Nos estamos convirtiendo en juristas del mismo modo que somos entrenadores de fútbol después del partido o críticos de cine tras la gala de los Oscar. En esta primera fase de la instrucción parece que se está produciendo un efecto doble: por un lado las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado naufragan en el intento de justificar jurídicamente la causa de la rebelión o cualquier relación de los hechos con la palabra violencia.
Por la otra, el buen trato mostrado por el juez Marchena, que ha llegado a interrumpir y abuchear a la propia Fiscalía en algunas de las preguntas, disminuye la sensación —y más de cara a una audiencia internacional— de que el juicio no cumple con todas las garantías que se le suponen a los juicios en democracia. Hay que tener en cuenta, pues, que durante esta primera parte del juicio parece que los acusados ganen la partida. Pero al empezar a comparecer los testigos de la Fiscalía, es probable que esta sensación se vaya debilitando. En todo caso, parece que ya hemos aceptado el marco judicial como el escenario de lucha. Pero la política difícilmente llega allí donde las leyes limitan la frontera del diálogo. Independientemente del veredicto, seguimos necesitando articular una respuesta política que defina el camino entre ciudadanos, y no entre ciudadanos y jueces. Parece que no seamos conscientes de que no hay ningún potencial escenario favorable a la vista, ya no para los intereses de los presos políticos, sino para las relaciones entre Catalunya y España.
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