Con los gobiernos de Mariano Rajoy y el último de Pedro Sánchez llevamos ya cinco años en los que se ha empezado a salir del ciclo de crecimiento negativo abierto por el estallido de la crisis en 2008. Hay dinero. El PIB en 2013 cayó a su nivel más bajo del ciclo, hasta 1,0 billones de euros; 2018 se ha cerrado con un PIB de 1,2 billones, ¡200 000 millones de euros más!
La mejoría económica es notable. Las ganancias de los bancos y oligopolios lo ponen de manifiesto. El Santander ganó casi 1200 millones el año pasado. Telefónica 3331 millones, 200 millones más que en 2017. Iberdrola 3014 millones, 210 millones más. Solo ellos tres han aumentado sus beneficios en más de 1600 millones en un año.
Pero esa recuperación no llega a las clases populares. Somos el segundo país de la Unión Europea donde más crecen las desigualdades. De esos números básicos se deduce que el problema principal de nuestro país es la redistribución de la riqueza. No es “repartirla”, sino transferir una parte de los que más ganan, una minoría de bancos, grandes fortunas y el capital extranjero, para hacer frente a las necesidades de la gente y del desarrollo del país.
La redistribución de la riqueza es un elemento de cohesión social y de unidad entre todos los ciudadanos de España. Un elemento de justicia social básico que defiende cualquier hombre y mujer de bien.
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