El suicidio de Alan García, dos veces presidente de Perú, ha agravado el drama latinoamericano en que se cruzan corrupción, deterioro de la democracia y un intento de Brasil de consolidarse como potencia internacional emergente.
El conglomerado de construcción Odebrecht, el gran vector de la epidemia que ha diezmado a líderes político, fue también el principal instrumento de una expansión brasileña, geopolítica y económica, en América Latina y África, durante los gobiernos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff (2003-2016).
Sus confesados sobornos generaron órdenes de detención contra los cuatro últimos presidentes de Perú, una incumplida porque Alejandro Toledo (2001-2006) está pendiente de un pedido de extradición a Estados Unidos.
La otra quedó definitivamente anulada después que García (1985-1990 y 2006-2011), de 69 años, se pegó un tiro en la cabeza, el 17 de abril, cuando efectivos policiales llegaron a su casa con una orden de detención preventiva, inicialmente por 10 días.
El origen de esta cadena de detenciones sin precedentes está en la operación Lava Jato (autolavado de vehículos), mediante la cual el Ministerio Público (fiscalía) y la Policía Federal de Brasil investigan desde marzo de 2014 la corrupción en los negocios de la compañía petrolera estatal Petrobras.
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