En el mes de marzo, los días 7 y 25, el Sistema Eléctrico Nacional ha sido objeto de dos sabotajes que han dejado al territorio nacional, casi en su totalidad, sin servicio eléctrico. Siendo la electricidad un servicio público fundamental y un aspecto esencial en el acceso los derechos fundamentales, es necesario leer la afectación de estos actos en su verdadera dimensión.
El terrorismo se ha definido de varias maneras. En especial, poniendo el acento en cuál es la intención de cometer los actos. Así, la Convención de Ginebra (1987) señala que son terrorismo “los actos criminales contra el Estado y cuyo fin o naturaleza es la de provocar terror contra personalidades determinadas, grupos de personas o en el público”.
Al respecto, es muy pronto para estimar económicamente el impacto de este segundo apagón nacional pero ya existen algunas estimaciones de los daños que generó el ocurrido el 7 de marzo. Según datos de Ecoanalítica y Fedenaga, "las pérdidas generales que se registraron entre el jueves 7 de y lunes 11 de marzo motivado a la incapacidad para producir y los saqueos generados en algunos estados, alcanzan la cifra de los 875 millones de dólares, lo que representa más del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país durante 2018".
Esto implica tan sólo un pico en el proceso de destrucción de la economía al cual han sometida Venezuela desde que empezaron a emplearse sanciones económicas en contra de nuestro país, las cuales, en las estimaciones recientemente publicadas por Pasqualina Curcio ascienden a 114.302 millones de dólares, lo que equivale al monto necesario para la importación de medicamentos y alimentos para abastecer a los 30 millones de venezolanos durante 26 años.
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