Para el poder económico y político, la minería es la única actividad económica viable en las regiones andinas. Perú es un país minero desde la conquista. Pese a los inocultables daños que produce, los críticos suelen ser acusados de “enemigos del desarrollo”, mientras las comunidades que se oponen a la megaminería han sido acusadas por la justicia mediante una nueva figura legal: “organización criminal que extorsiona al gobierno central y la empresa minera”. Un diálogo imposible entre intereses antagónicos.
ABUSO MINERO. El llamado “corredor minero” atraviesa tres regiones: Cusco, Apurímac y Arequipa. Son 500 kilómetros entre la mina de cobre Las Bambas, a cuatro mil metros de altura, hasta el puerto de Matarani en el Pacífico, por donde se exporta el mineral con destino al continente asiático. La carretera atraviesa 215 centros poblados donde viven 50 mil personas, está militarizada porque cualquier alteración del transporte tiene costos millonarios para la empresa.
Apurímac es el corazón del corredor, la región más pobre del país y la que cuenta con el mayor porcentaje de quechuahablantes. Campesinos humildes de manos arrugadas y pies encallecidos, pero no tan pobres como sus elites, que recién se avinieron a crear universidades, en la capital Abancay y en Andahuaylas, la ciudad más poblada, hace poco más de una década para calmar a las mujeres del mercado que reventaron las calles para demandar educación terciaria para sus hijos.
La simbiosis entre modernidad y minería, entre desarrollo y colonialidad del poder, está provocando mayores daños que los ya cuantiosos enhebrados por la Colonia y la República durante cinco siglos.
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