Los ríos de Jalisco, en México, están tomados, y desde los gobiernos se da prioridad a la industria por encima del abastecimiento de las comunidades. Aprovechando ese escenario, seis empresas cimbran conflictos entre los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que se resisten a entregar sus ríos o tierras.
Se trata de las firmas La Peninsular, S.A. de C.V.; Abengoa México, S.A. de C.V.; Amway de México, S.A. de C.V.; Grupo Hermes Infraestructura, S.A. de C.V.; Grupo México, S.A.B. de C.V.; y La refinería “Ing. Antonio M. Amor” (RIAMA), que encumbraron fuertes relaciones con funcionarios públicos de todos los niveles (y países), permitiéndoles así, apoderarse de dos de los caudales más valiosos para el país, los ríos Lerma y Verde.
Deudas bursátiles, contrataciones públicas adjudicadas directamente que ascienden a más de 14 mil millones de pesos, desplazamiento forzado y el constante riesgo sanitario, son la realidad provocada por el gobierno estatal y las seis empresas, que actualmente ostentan parte de los proyectos hídricos más ambiciosos de la región del Bajío en los ríos mencionados. Los habitantes de los pueblos afectados se cansaron de las promesas del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), de poner el interés público por encima del privado y constituyeron la Revolución del Agua, un frente de lucha.
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