Es un diagnóstico reiterado en muchos países de América Latina la alta concentración de la propiedad rural. Para el caso colombiano, el indicador Gini1 de contracción de la propiedad rural en 2017 fue de 0,9. Este alto nivel de concentración de la propiedad, y sus efectos en materia ambiental, social y económica han sido los argumentos para proponer una reforma agraria integral.
En efecto, altos índices de concentración de la tierra traen consigo conflictos severos en materia socioeconómica, revelados entre otros, en la persistencia de la pobreza.
La alta concentración de la tierra también ha llevado a que sujetos con interés productivo y especulativo encuentren rentable el camino de la ampliación de la frontera agraria deforestando bosques y selvas a un ritmo alarmante. En el caso colombiano, según cálculos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), solamente durante el año 2018, aproximadamente 200 mil hectáreas de la selva amazónica se transformaron en praderas.
Los anteriores son apenas una muestra de la cantidad de problemas que se asocian con la alta concentración de la tierra, más para un país como Colombia, donde el despojo y el abandono forzado de tierras por efecto del conflicto armado han contribuido para mostrar una tragedia social y humanitaria.
Hasta hace unas décadas la propuesta para superar este cuadro social y económico consistía en la realización de una reforma agraria integral, esto es, una redistribución de la propiedad rural junto con políticas de desarrollo rural. No obstante, con las políticas de corte neoliberal, la receta se alteró, buscando superar el problema de la concentración de la propiedad mediante la acción del mercado.
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