El régimen de Piñera -es necesario insistir en lo de “régimen” porque un gobierno que reprime con la brutalidad que todo el mundo ha visto no puede considerarse democrático- se enfrenta ante la más seria amenaza popular jamás enfrentada por gobierno alguno desde el derrocamiento de la Unidad Popular el 11 de Septiembre de 1973. Las ridículas explicaciones oficiales no convencen ni a quienes las divulgan; se oyen denuncias sobre el vandalismo de los manifestantes, o su criminal desprecio por la propiedad privada, o por la paz y la tranquilidad para ni hablar de las oblicuas alusiones a la letal influencia del “castro-madurismo” en el desencadenamiento de las protestas que culminaron con la declaratoria del “estado de emergencia” por parte de La Moneda, argumento absurdo y falaz antes esgrimido por el corrupto que hoy gobierna al Ecuador y abrumadoramente desmentido por los hechos.
El estupor oficial y el de los sectores de la oposición solidarios con el modelo económico-político heredado de la dictadura carece por completo de fundamento, a no ser por el anacronismo de la opulenta partidocracia dominante (una de las mejor remuneradas del mundo), su incurable ceguera o su completo aislamiento de las condiciones en que viven -o sobreviven- millones de chilenas y chilenos. Para un ojo bien entrenado si hay algo que sorprende es la eficacia de la propaganda que por décadas convenció a propios y ajenos de las excelsas virtudes del modelo chileno.
Este país es para los opinólogos bienpensantes la feliz culminación de un doble tránsito: de la dictadura a la democracia y de la economía intervencionista a una de mercado. Lo primero no es cierto, lo segundo sí, con un agravante: en poquísimos países el capitalismo ha arrasado con los derechos fundamentales de la persona como en Chile, convirtiéndolos en costosas mercancías sólo al alcance de una minoría.
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