Hablamos de derechos universales, hablamos de proteger a la infancia, hablamos de niños siempre. Con estos mimbres llegamos al aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y al 30 aniversario de la aprobación de la Convención de Derechos Humanos de la Infancia adoptado un 20 de noviembre de 1989 y ratificado por 195 gobiernos, en septiembre de 1990, con un panorama desolador en el mundo pero en España en concreto, absolutamente insólito.
Lo contradictorio es que en esta Convención se hablaba de derechos para niños incluidos todos los relativos al acceso a una calidad de vida, al juego, a la protección frente a la violencia, a la discriminación y no digamos a la educación y a una sanidad solo por el hecho de nacer.
En España esta situación no mejora. Según el indicador AROPE, un 27,9 % de la población total está en riesgo de pobreza y/o exclusión social y la pobreza infantil afecta a uno de cada tres niños lo que supone que 2.2 millones de menores vivan en situaciones realmente inauditas según cifra el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil que destaca la brecha persistente de pobreza en este país aparentemente sólido y con una economía consolidada. Llama la atención que se haga referencia a que en uno de cada cuatro hogares sin ingresos reside al menos un menor lo que hace que la tasa de riesgo pobreza persistente siga al alza.
Aunque España ocupa el puesto 21 en la clasificación global de los 41 países de la OCDE en materia de bienestar infantil, se sitúa, sin embargo, por debajo de la media en los objetivos de empleo y crecimiento económico así como de lucha contra la pobreza y la desigualdad social.
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