Después de 28 días de movilizaciones ininterrumpidas se abre un proceso para redactar una nueva Constitución en Chile. Entre los protagonistas de las revueltas reina un sentir general: el nuevo texto no debe ser redactado entre cuatro paredes por los mismos de siempre.
Sábado, cinco de la tarde. Un grupo de vecinos de los alrededores de la calle Marín, en la comuna de Santiago Centro, se reúne alrededor de unas mesas plegables plantadas en la acera de la calle Bombero Patricio Canto Feliu; un callejón apenas transitado, que desemboca en la Avenida Vicuña Mackenna. El nombre de la calle, que conmemora a un joven bombero fallecido en el año 62, no puede ser más apropiado en estos días en los que el Cuerpo de Bomberos parece ser el único que se salva de la animadversión ciudadana.
En este grupo de personas que se reúne bajo un sol de justicia, encontramos desde pensionistas que ya superan los tres cuartos de siglo, hasta estudiantes que apenas rondan la veintena. Todos ellos forman el cabildo popular del sector Marín. Una de las tantas asambleas ciudadanas que proliferan estas semanas tanto en la capital como a lo largo y ancho del país.
Más allá de los disturbios y los saqueos que los medios parecen seguir empeñados en mostrar, estas semanas ha surgido un movimiento ciudadano, completamente al margen del poder político, que pretende tener voz en la redacción de la nueva constitución. “Mi principal miedo es que el proceso sea cooptado por los mismos rostros de la política actual”, comenta Leo, que al igual que Carmen, sostiene que la participación de las comunidades de base en el proceso es indispensable.
Paralelamente a las movilizaciones, el pueblo chileno se ha organizado en torno a estas asambleas o cabildos, donde se discute sobre la coyuntura actual y se trata de preparar a la ciudadanía para unos meses que se antojan frenéticos.
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