Medio año después de la entrada en vigor del registro obligatorio de la jornada laboral, la patronal de Extremadura, con la colaboración de la Administración, ha comenzado a formar a sus asociados acerca de su puesta en marcha efectiva. Mientras, y sin evidencias de aplicación de la norma, sigue el incumplimiento masivo de la legislación vigente.
Desde el pasado 12 de mayo, en las empresas de todo el país existe la obligación de formalizar un registro diario de la jornada de trabajo de sus plantillas, debiendo necesariamente incluir en el mismo el horario preciso de inicio y finalización de dicha jornada, individualizado para cada empleado. Una medida cuya inspiración última, a grandes rasgos, era el paso a la consideración como derecho de “la distribución regular de la jornada de trabajo”.
La implantación de esta medida, en lo concreto, pretendía poner freno al fraude generalizado amparado bajo el amplio paraguas de las horas extras, por el cual, en numerosos centros de trabajo, la jornada laboral queda alargada de facto, sin garantía del cobro del incremento proporcional de la misma o, en el mejor de los casos, pagada por debajo del importe legalmente estipulado. Así, en 2018 se pudo detectar que cada semana eran realizadas una media de 6,45 millones de horas extraordinarias en España. Según distintas estimaciones, en torno al 48% de las mismas no fueron abonadas a los trabajadores y trabajadoras que las realizaron.
Según distintas estimaciones, en torno al 48% de las mismas no fueron abonadas a los trabajadores y trabajadoras que las realizaron.
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