No basta con redactar una constitución que contenga múltiples derechos, si eso no va acompañado de cambiar las estructuras de poder mercantiles, coloniales y patriarcales del Estado mismo. Las constituciones podrán tener horizontes democráticos, comunitarios, interculturales, participativos, pero si no tiene mecanismos reales de intervención ciudadana para su ejecución, el fantasma del autoritarismo estatal está a la vuelta de la esquina.
Iberoamérica Social, 9 de noviembre, 2019.- A propósito de la continuidad de las movilizaciones en Chile, ha comenzado un proceso de cabildos autoconvocados y abiertos, en donde la población ha comenzado a sentar las bases para dar inicio de un proceso constituyente inédito, el cual le devuelva la dignidad a un pueblo que ha tenido que lidiar por más de 40 años con una Carta Magna que tuvo un origen espurio durante la dictadura de Pinochet, y que tiene la particularidad de haber estado a la medida de la ideología neoliberal, lo que ha sido visto por el mundo entero como un verdadero experimento político, implementado a través de una doctrina del shock.
Es así como los primeros resultados de esos cabildos, se manifiestan demandas prioritarias que buscan justamente recuperar y ampliar derechos de toda índole, privatizados y negados en la constitución de 1980. Es el caso de un nuevo sistema de pensiones, la protección del medioambiente, la nacionalización de recursos naturales, el aumento del salario mínimo, una educación pública y gratuita, un sistema único de salud, acceso a la vivienda, impuestos a los más ricos, igualdad de género y enfoque feminista en políticas públicas, democracia participativa y vinculante, derechos de los migrantes, reconocimiento de los pueblos indígenas y realización de una asamblea constituyente.
Es esta última demanda, la realización de una asamblea constituyente, la cual puede verse como la piedra de tope para los grupos más conservadores del país
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