A treinta años, el pasado 3/6/2019, el Gobierno chino justificó aquella matanza con el argumento de que trajo la estabilidad social que necesitaba la economía para crecer y disparar el bienestar de todos los chinos.
Aunque entre sus demandas no figuraban explícitamente una democracia al estilo occidental o el fin del PCCh, las autoridades vieron en el movimiento una amenaza que era necesaria aplacar. Tras días de negociaciones, ley marcial y divergencias en la cúpula política y militar, el ala dura del partido se impuso. El resultado: el Ejército tomó la capital, desalojó a base de porrazos, tiros y tanques las calles y quedó claro que las autoridades permitirían el desarrollo económico pero sin libertad política.
Hubo mucha gente que protestó en las calles durante esos días, tanto estudiantes universitarios como gente de otras categorías sociales.
Sin embargo, se sabe mucho menos de las historias de la gente que murió (trescientas personas, de acuerdo con las cifras del Partido Comunista, muchas más, que se cuentan por miles, de acuerdo con activistas, familiares de las víctimas y una serie de organizaciones humanitarias), o acerca de los miles de detenidos (el último en ser liberado, que era en aquel entonces trabajador de una fábrica, salió de prisión en 2016).
El Partido estaba cambiando de un modelo de “gestión política” del país a un modelo de “gestión económica”. Este proceso causó una serie de problemas y una generalización de la corrupción, lo cual fue una de las muchas razones de las protestas durante ese período.
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