La sentencia del Alto Tribunal, que establece que los saharauis nacidos antes de 1975 en territorio español no tienen derecho a la nacionalidad, vuelve a levantar las críticas contra España.
El Estado español ha elegido la senda del olvido para abordar la cuestión saharaui. No es de extrañar. Lo que ha sucedido en el Sáhara Occidental en estos últimos 45 años ha sido un problema que ha generado -y genera- una incomodidad patente en las esferas de poder del país. Las delicadas relaciones con Marruecos han sido siempre un freno a cualquier solución al conflicto y un factor clave en tímido papel que ha jugado España, siempre inclinada a barrer este tema debajo de la alfombra.
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| Una mujer saharaui hace el saludo típico de la región en Tifafiti, ciudad liberada del Sáhara Occidental
Por eso, la decisión del Tribunal Supremo de no considerar a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1975 –año en el que España abandonó deprisa y corriendo el territorio del Magreb– no tienen derecho a la nacionalidad española es algo más que el enésimo golpe contra la capacidad de resistencia saharaui. Es la constatación del desentendimiento de España de una cuestión de la que es directamente responsable.
Así lo entiende Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, movimiento de liberación del pueblo saharaui, quien ha asegurado a Público que se trata de un dictamen "sorprendente" del Alto Tribunal. "Es un derecho que corresponde a cualquier saharaui", ha afirmado. Aunque considera que "lo más preocupante" de esta decisión es que "se intenta eludir una responsabilidad histórica del Estado español".
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