La decisión del Tribunal Supremo de tramitar el presunto robo de un recién nacido en un hospital de Huelva en 1992 llena de esperanzas a miles de víctimas. Se denuncia que entre 1940 y los años noventa unos 300.000 bebés fueron robados en toda España por una red que involucra a médicos, funcionarios del Estado y a la Iglesia católica.
Mari Carmen Ortega tenía 26 años cuando el 8 de septiembre de 1976 las contracciones le avisaban que su primer hijo estaba a punto de nacer.
Estaba sola en casa y no tenía cómo comunicarse con su esposo. Marino Ardura trabajaba como taxista y las largas jornadas laborales le obligaban a llegar a casa a altas horas de la noche. Mari Carmen sabía que no podía esperar, así que decidió tomar un taxi sola desde Leganés hasta la Maternidad O´Donnell (Madrid), a unos 22 kilómetros de su casa.
«Cuando llegó la tuvieron como cinco horas dilatando, le dieron opiáceos para que no sintiera dolor, nunca los sintió, y justo unos 10 o 15 minutos antes del parto le pusieron anestesia general, aunque el parto fue vaginal y no por cesárea. Cuando despertó le dijeron que el bebé había muerto y que era mejor que no lo viera. Al poco tiempo llegó mi padre, que también insistió en ver al bebé, pero le decían que no. Él insistió tanto que lo llevaron a unos sótanos de la maternidad y le enseñaron un bebé envuelto en una sábana. Mis padres estaban los dos llorando, hechos polvo y los del hospital les dijeron que no se preocuparan que ellos se encargarían de todo», relata Mónica Ardura Ortega, la segunda hija del matrimonio Ardura Ortega y hoy secretaria de S.O.S. Bebés Robados Madrid.
Al día siguiente, Mari Carmen y Marino se iban del hospital sin nada: sin su hijo, sin un certificado de defunción y sin mayores explicaciones. Rotos de dolor se acercaron al cementerio de la Almudena para intentar despedirse del bebé.
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