Hace unos días era cesado del puesto de jefe de la comandancia de la Guardia Diego Pérez de los Cobos, tras realizar su informe sobre el 8-M, por el que se quiere imputar al delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, y a Fernando Simón. Un documento lleno de bulos desmentidos, medias verdades y tergiversaciones, como ya se ha aclarado en la prensa. Pero no es la primera vez que este hombre utiliza las “cloacas del Estado” o se alía con la extrema derecha.
Participó en el 23-F y en las campañas por el “No” a la Constitución en su pueblo natal, Yecla (Murcia). Además, en 1992 fue acusado de torturas junto con otros tres guardias civiles al miembro de ETA Kepa Urra.
En 2017, fue el encargado de coordinar el operativo de Policía Nacional y Guardia Civil durante el 1-O, la famosa “Operación Piolín”, donde los antidisturbios se ensañaron con los votantes del referéndum catalán. Pero el caso de Pérez de los Cobos no es peculiar, ni una excepción en la Benemérita. En los 176 años del cuerpo, las prácticas de torturas, asesinatos y corruptelas han estado presentes.
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