El Covid-19 ha provocado una crisis humanitaria de proporciones y un desastre económico sin parangón. Vivimos una preocupante incertidumbre, porque se desconoce cuánto durará la clausura de actividades, la ausencia de ingresos, el desempleo y tampoco cuando se descubrirá una vacuna o medicamento eficaz. Todos sufren la incertidumbre. Aquellos que cuentan con patrimonio, pero mucho más los que se han quedado sin ingresos.
El Codiv-19, ha puesto de manifiesto que no somos, como dijo la Primera Ministra Británica, Margaret Thatcher, hombres y mujeres aislados. La tragedia desatada y las medidas para enfrentarla son prueba evidente que la sociedad existe, que somos parte de un colectivo, y que ello obliga a la solidaridad.
El virus ha dejado al desnudo la incapacidad del Estado subsidiario y el modelo económico neoliberal para proteger la sociedad, a todos sus miembros. Ello permite comprender la irracionalidad e injusticia que ha significado la precarización de la sanidad pública y otros derechos sociales indispensables, así como la grave crisis medio ambiente.
Frágiles sistemas públicos de salud, viviendas sociales estrechas y el grave deterioro medioambiental, hacen que la pandemia y el confinamiento golpeen, con mayor vigor, a las familias más desvalidas: los pobres de las ciudades, inmigrantes, cuidadores en hospitales, trabajadores de las fábricas y los que limpian y quienes recogen la basura. Es la consecuencia inevitable de la acumulación de desigualdades.
La dramática realidad actual nos obliga a revisar por completo el modelo económico-social y el Estado mínimo que lo sustenta. Porque el “contrato social”, instalado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, a comienzos de los años ochenta y luego impuesto por el “Consenso de Washington” a todos los países, ha cerrado las puertas a derechos sociales fundamentales allí donde no existían, o limitándolos, donde ya estaban instalados. Así ha sido en todo el mundo y, por cierto, también, en América Latina y Chile.
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La dramática realidad actual nos obliga a revisar por completo el modelo económico-social y el Estado mínimo que lo sustenta. Porque el “contrato social”, instalado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, a comienzos de los años ochenta y luego impuesto por el “Consenso de Washington” a todos los países, ha cerrado las puertas a derechos sociales fundamentales allí donde no existían, o limitándolos, donde ya estaban instalados. Así ha sido en todo el mundo y, por cierto, también, en América Latina y Chile.
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