Desde el año 2015 está teniendo lugar una negociación en el Palacio de las Naciones de las Naciones Unidas en Ginebra, que puede hacer tambalear los cimientos del capitalismo corporativo. Este evento anual es el resultado de la Resolución 29/6 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) de junio de 2014, que estableció la formación de un grupo de trabajo intergubernamental cuya misión es desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante para la regulación de las empresas transnacionales. Se trata de una iniciativa histórica, que demostró que, a diferencia de lo que muchos creen, es posible cuestionar y enfrentarse al poder empresarial.
Como era previsible, la negociación se ha topado con obstáculos a cada paso, poniendo de manifiesto los intereses frecuentemente contradictorios (pero ocasionalmente comunes) de sus tres actores principales: Estados, empresas y comunidades afectadas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.
En esta trayectoria convergen tres caminos diferentes:
El de los Estados, que se ven ante el reto de asumir una nueva responsabilidad histórica mediante la implementación de un Tratado vinculante que aborde y reconozca las deficiencias de la legislación vigente en materia de derechos humanos, la estructura y la impunidad del poder empresarial y el acceso a la justicia.
El de las empresas transnacionales, que continúan su defensa del statu quo, legitimando sus violaciones de los derechos humanos y la primacía del lucro privado por encima de los derechos de las personas.
Y, por último, el de las comunidades afectadas y los movimientos sociales, que mantienen su tenaz resistencia mediante la jurisprudencia comunitaria y la presión sobre los gobiernos.
Desde que las empresas transnacionales se convirtieron en actores clave en el tablero mundial, comunidades afectadas, trabajadores y trabajadoras, y movimientos sociales han expresado su oposición al modelo económico de las corporaciones.
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