Un conjunto de organizaciones no gubernamentales (ONG) reunidas en Huancayo suscribieron un pronunciamiento público en el que exigen a las autoridades nacionales, regionales y locales brindar garantías para el respeto de los derechos de las personas, “priorizando una economía que las favorezca, y no ponerlas al servicio de la economía”.
Afirman que el crecimiento desmedido y desordenado de concesiones y operaciones mineras, formales e informales, y otras actividades extractivas, “ponen en riesgo las principales actividades económicas desarrolladas por las comunidades y población en general”.
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