Casi tres años después de que comenzara el proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia, el territorio que desde hace 50 años se disputan sigue sin ser devuelto a sus primeros moradores. El desplazamiento forzado y la expropiación de tierras a causa de una guerra que dura ya 50 años son dos de las deudas que el país tiene con su población indígena y afrodescendiente. El informe Colombia: restituyendo la tierra, asegurando la paz elaborado por Amnistía Internacional recuerda al Ejecutivo de Juan Manuel Santos que “debe anteponer el derecho a decidir sobre la tierra al deseo de las empresas que quieren explotar estas zonas ricas en recursos naturales”.
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