Los embarazos en niñas y adolescentes son siempre forzados. Si no por la fuerza física, son consecuencia de un sistema patriarcal que las somete a la voluntad de otros en un círculo cerrado de decisiones ajenas. De ahí surgen los matrimonios de niñas con hombres adultos, sacralizados por una sociedad cuyos valores tienden a preservar los privilegios de quienes poseen el control económico y político en sus comunidades. La población, entonces, es incapaz de proteger a este sector tan importante al cual no se le reconoce derecho alguno a pesar de existir un marco jurídico rico en leyes cuyo fin es preservarlo del abuso y garantizar su desarrollo pleno, libre de violencia.
La mirada cínica del sector político sobre el grave problema de los embarazos precoces en Guatemala se traduce en expresiones de una profunda ignorancia, cuyo tono e intención señalan a las víctimas y justifican a los victimarios. Las violaciones sexuales, una práctica habitual en hogares, escuelas, campos deportivos e incluso en templos e iglesias, perpetrados por hombres acostumbrados a hacer su voluntad sin temor a las consecuencias, es el centro neurálgico de uno de los factores de retraso social más importantes del pais.
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