Uno de los legados sociales del sistema neoliberal, en el marco del proceso violento de desintegración social que deja a su paso, es la persecución, criminalización y asesinatos selectivos de defensores/as de derechos comunitarios.
Los pueblos indígenas y/o comunidades campesinas, ante la presencia/invasión de maquinarias pesadas en sus territorios, sin consulta, ni licencia social alguna, emprenden intentos de acercamiento y diálogo con los representantes de las empresas. Estos esfuerzos, en el mejor de los casos, terminan con la “compra” de la voluntad de dirigentes comunitarios, por parte de las empresas extractivas.
En este contexto, las comunidades organizadas no tienen más opción que proceder a ejercer acciones colectivas de resistencia social. Derecho fundamental vigente en ordenamientos jurídicos como el de Guatemala, Ecuador y otros países.
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