Juan Manuel Santos se juega su última carta. Tras la firma del nuevo acuerdo con las FARC este 12 de noviembre que adhiere las propuestas presentadas por los partidiarios del No, el proceso de paz sigue su marcha irrefrenable, no así la economía del país que se mantiene atrapada en un limbo sin escape en el horizonte a corto plazo. De ahí que el presidente de Colombia haya decidido apostar lo que queda de capital político en lo económico, con un proyecto tan polémico e impopular como significativo para su administración: una reforma tributaria.
Con el proyecto de Ley, el ejecutivo pretende llevar a cabo un cambio estructural del sistema fiscal del país andino mediante la implementación de nuevas cargas arancelarias. ¿El objetivo? Tapar el agujero fiscal de casi 4% equivalentes a $24 mil millones, producto entre otras razones, de la caída sostenida de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Y es que si en 2013 los ingresos de la renta petrolera por explotación suponían un 3,3% del producto interno bruto del país, estimaciones oficiales calculan que para 2016 éstos podrían no alcanzar el 0,2% del PIB.
Aunque la reforma tributaria nunca estuvo supeditada a los resultados del plebiscito, es decir, sí o sí se implementará; la urgencia por nuevas fuentes de ingresos que ayuden a reajustar las cuentas públicas apremia más que nunca el reloj del gobierno de Santos que desde hace rato está en la mira de cuestionamientos por el desempeño de la economía colombiana.
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