La emergencia económica, que hoy atraviesa Venezuela, ha reconfigurado el campo político. Esta reconfiguración se expresa de múltiples formas: ramplonas diatribas políticas entre grupos que instrumentalizan el malestar económico con fines electorales; atricheramiento de grupos políticos mientras se recompone la economía; profundización de la fragmentación y dispersión de grupos y corrientes populares cada vez más refractarios al Estado, y la estampida de la mayoría social de la política. Estas son algunas de las formas invisibles de despolitización que provoca el malestar económico.
Sin embargo, lo más emblemático de esta reconfiguración es la opacidad del conflicto de clases. Existe una tendencia a imponer un desdibujamiento de la polarización política que siempre caracterizó a la gestión chavista de los conflictos. Pareciera que las dificultades en el acceso a ciertos bienes prioritarios, a “todos” nos hace comunes, construyendo falsos bloques de afinidad entre clases en cuya mezcolanza se confunden los polos de poder en tensión en una sociedad que, pese al cambio de múltiples reglas de re-distribución de riquezas que operó la Revolución, aún sigue atravesada por desigualdades.
En el medio de esta despolarización política-económica-social, existe un claro riesgo de que termine imponiéndose un nuevo marco de interpretación sobre el conflicto de intereses de la sociedad. Un riesgo que se expresa en esta idea: la gente de a pie (de cualquier extracción social) que no consigue los alimentos, conformada como sujeto político contra el gobierno (chivo expiatorio de la crisis). Lo preocupante de imponerse este marco de interpretación político es que, al tornar invisibles a los grandes concentradores de riqueza y poderes fácticos del país (que tienen responsabilidad en la crisis), se pretenda legitimar la tesis del fracaso del modelo socialista en tanto se reubica a su operador (el gobierno) como el culpable del origen del conflicto.
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