En el 2012, cuando el Gobierno de Otto Pérez Molina, dócil a los intereses de los agentes neoliberales, quiso impulsar reformas a la Constitución Política del Estado. Pero, muchos columnistas, académicos, profesionales y trabajadores de ONG progresistas se opusieron a dichas reformas, sin mayor propuesta.
Sólo apareció, en ese entonces, en el escenario coyuntural capitalino, una organización indígena campesina movilizada que entre sus banderas de lucha planteaba: “No a la reforma constitucional. Sí a una Asamblea Constituyente Popular”. Pero, pasó casi desapercibida.
En estas últimas semanas, ante las veladas crisis política y económica que evidencian el colapso institucional y jurídico del Estado, sectores indígenas y campesinos, frente a la ausencia de propuestas de indignados citadinos movilizados, plantean la “refundación de un Estado plural mediante un proceso constituyente popular”. Pero, de igual forma, “analistas” y columnistas de derecha e izquierda aducen su inviabilidad. Los primeros, arguyendo un posible caos social. Los segundos, “por que no existe correlación de fuerzas favorables para una Constitución progresista, ni propuestas de contenidos”.
Si entendemos el proceso de la Asamblea Constituyente Popular como un camino o espacio de encuentro ampliado para la concertación de acuerdos mínimos de convivencia pacífica y para proyectarse como país, ¿por qué asumirla como una amenaza y no como una oportunidad democrática?
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