dissabte, 7 de gener del 2017

Lo que los gobiernos españoles no cuentan y los españoles no quieren comprender respecto a Catalunya


A lo largo de los últimos años, los deferentes Gobiernos del Reino de España se encuentran enrocados en una tautología que, por ellos mismos, no son capaces de resolver. Para tales concepciones Democracia es sinónimo de Constitución Española de 1977, de manera que Constitución Española de 1977 es sinónimo de Democracia. Si se anula una, se hace lo propio con la otra, y viceversa. Nótese que no se equipara Democracia con Constitución, puesto que tal innovación plantearía nuevas cuestiones que el pensamiento único no puede ni quiere plantear. No se trata de la Constitución Republicana; ni tan siquiera de la posibilidad de la Reforma en los términos que marca la Ley de Leyes, no, si eso ha de abrir la posibilidad de replantear la unidad sacrosanta del Estado Español, puesta negro sobre blanco en la misma Legislación.




A falta de argumentación democrática que oponer al derecho a decidir sobre su propio futuro de una parte del todo, a los Gobiernos del Reino y de la República sólo les quedan as siguientes salidas: negar la calidad de sujeto político a la población catalana, afirmando que la soberanía se encuentra en el conjunto nacional (estatal); se trata de un argumento pobre en calidad democrática, puesto que, aun suponiendo que el 100% de los catalanes optaran por la secesión, estos serían 8/46 millones, aproximadamente, lo que impide automáticamente la separación (aunque se tratara, como se indica, del 100%) o la reforma constitucional en dicho sentido. La mayoría de la población estatal estaría obligando a la totalidad de una región a pertenecer al territorio en contra de su voluntad. Se puede llegar a acordar realizar un referéndum vinculante en todo el Estado, pero si los independentistas logran una mayoría suficiente en su territorio, ¿Para qué sirve lo que vote el resto?

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