Golpe de Estado impulsado por el propio Estado. Ésta es la manera más sencilla de definir la batería de medidas que el gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, hizo públicas este pasado viernes y que someterá a aprobación del senado el próximo día 27. Más que la aplicación del incierto artículo 155 lo que Rajoy anunció es la suspensión de facto del autogobierno catalán en su conjunto utilizando el artículo 155 como pretexto legal. La ausencia de precedentes en su implementación, junto al clima de excepcionalidad institucional del momento, permite así al gobierno español tomar decisiones, no sólo autoritarias y anti-democráticas, sino de dudosa constitucionalidad.
El poder violenta sus propias normas al amparo de la fuerza y de la creación de una situación excepcional. Activa las válvulas de seguridad de las que dispone para enrocarse en momentos difíciles y cambiar las reglas del juego desde la legitimidad de las antiguas y con la promesa de defenderlas. Bajo un clima de excepción se toman así medidas que en sí mismas suponen la subversión del orden anterior, pero en su propio nombre y legitimidad, con el fin de maniobrar para alterar la dinámica política y social catalana y volver a una nueva normalidad de contornos más favorables al Estado. Ataque frontal a la democracia, en nombre de la democracia y para desembocar en una nueva normalidad democrática donde todo transcurra por cauces aceptables tras haber puesto orden durante un periodo de excepción.
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