El pasado 25 de agosto el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, viajó a Nueva York para entrevistarse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Oficialmente, el mandatario parecía interesado en tratar con él temas relativos a la actual situación en los países del triángulo norte de Centroamérica, su impacto entre los migrantes y el flujo de refugiados que generan problemas de “seguridad”.
Sin embargo, las preocupaciones de Morales eran de índole doméstica y sobre todo particulares: deseaba evitar ser investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una entidad que actúa desde hace una década en el país a raíz de un acuerdo entre Guatemala y la ONU. Según ha trascendido, las pruebas de la Cicig eran tan contundentes como las que habían propiciado la destitución del anterior presidente, Otto Pérez Molina, y su vice, Rossana Baldetti, dos años atrás. Desde entonces estos últimos se hallan en prisión por un grave delito de defraudación tributaria sistemática al Estado guatemalteco.
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