El último reporte publicado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) evidencia el vínculo de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato de la defensora ambientalista, Berta Cáceres, según transmisión en directo de una sesión de denuncia en Tegucigalpa, Honduras.
La prueba es parte de su informe, titulado, “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”, que reúne y sintetiza el análisis de más de cuarenta mil páginas de registros telefónicos, así como de chats, mensajes de texto, GPS, y correos extraídos de algunos de los celulares incautados en la investigación penal.
Asimismo, el informe revela que el plan implementado para asesinar a la lideresa se inició en noviembre del 2015. Incluso, la información obtenida a través de los registros telefónicos permite asegurar que hubo un intento de asesinato durante los días 5 y 6 de febrero del 2016.
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