Parece que sus señorías los senadores van a tener de nuevo trabajo después del estudio de la aplicación del Art. 155 sobre la invasión gubernamental de la Generalitat, resuelto con una celeridad inusual. Sería justo y necesario que obren con la misma diligencia en el caso de la moción presentada en septiembre y reiterada de nuevo por los senadores de Compromís sobre la Ley de Montes y de Minas, y su aplicación en el asunto de las minas cuyas licencias están saliendo a la luz, para que empresas extranjeras, de Canadá, Australia, y otros intereses ajenos a esas zonas, exploten a cielo abierto minas de oro, cobre y feldespato en diversas regiones y comunidades de España, desde Castilla León a Asturias y Andalucía pasando por Galicia, afectada también sobremanera por los incendios, a rebufo de la reforma de la Ley de Montes y de la obsoleta, por ser preconstitucional, Ley de Minas de 1973.
No solamente afecta a esas zonas y su treintena de poblaciones, sino que tales instalaciones y otras previstas en otras regiones por los gobiernos del PP, como las de cobre, uranio y oro, deben preocuparnos a todos los españoles. Estos proyectos mineros, declararon los senadores valencianos responden a “una estrategia global” que afecta a toda la geografía de España, por una "falta de política territorial seria". Se han mostrado en contra de que "comarcas enteras se conviertan en un vertedero, a costa del bienestar de otras zonas" con iniciativas de este tipo.
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