Desde la reinstauración de la democracia electoral en 1986, Guatemala ha tenido diez gobiernos, dos de ellos de transición, y de todos solo cuatro están todavía exentos de señalamientos directos por actos de corrupción, aunque no de sospechas, como las que pesan sobre las otras seis figuras presidenciales, en lo que constituye todo un vergonzoso registro.
La captura, ayer, del expresidente Álvaro Colom y la mayoría de integrantes de su gabinete (2008-2012) es un nuevo y vergonzoso caso que evidencia que la corrupción opera bajo banderías políticas diversas y que tampoco la justicia es selectiva en la persecución criminal, esto en lo relativo a quienes pretenden hacer creer que la cacería de corruptos está dirigida a un sector específico.
Además de no ser así, con este nuevo caso se evidencia que la corruptela es una práctica demasiado enraizada en la cultura y la historia guatemaltecas, pero también que tampoco es solo de políticos, pues estos a su vez han necesitado de la complicidad de ciertas personas inescrupulosas que se han prestado a desarrollar negocios turbios con el aval y participación de las más altas autoridades de Gobierno.
Sin duda, lo que más sacude a la opinión pública es empezar un nuevo día con la captura de otro expresidente, el sexto de esta nueva era democrática, sindicado de haber manipulado procesos y a funcionarios con el único objetivo de beneficiar a colaboradores cercanos y a ciertos empresarios del transporte operando a la sombra del poder.

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