La pretendida quiebra de la Seguridad Social no es un imponderable ni un efecto inevitable de la crisis económica. Es, como se ha dicho aquí en alguna ocasión, un crimen que se ha hecho pasar por un accidente, un premeditado desvalijamiento que ha servido al Gobierno para cuadrar las cuentas del Estado y rebajar el déficit. En definitiva, un atraco a cara descubierta en el que los ladrones piden a las víctimas que se resignen, que no desesperen y, sobre todo, que no hagan ruido.
Nadie niega que la mayor longevidad y que nuestra micológica demografía hagan necesarias reformas, pero no es lo mismo remodelar un edificio sólido y en pie que otro en ruina. Cualquier pacto debe incluir un aumento de los salarios, fomentar la inmigración y no disuadirla con concertinas e impulsar la natalidad con medidas que no pueden reducirse a deducciones irrisorias en el IRPF. Y si fuera necesario, complementar los ingresos con impuestos, que es por otra parte práctica habitual en países de nuestro entorno en los que el peso de las pensiones en el PIB es mucho mayor.
Las pensiones no son una limosna sino un derecho consagrado en la Constitución que obliga a los poderes públicos a actualizarlas para ofrecer a sus beneficiarios suficiencia económica. Condenar de manera premeditada a los pensionistas a perder anualmente poder adquisitivo, a una pobreza a plazo fijo, es, simplemente, una canallada.
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