“Los mapuches no se integraron al Estado chileno voluntariamente, fueron incorporados por la fuerza”. (Francisco Huenchumilla Jaramillo, “Cómo los mapuches fueron despojados por el Estado y los huincas”, 15 de mayo de, 2002).
Las políticas del Estado chileno hacia el pueblo mapuche han sido históricamente hipócritas y tramposas. Aún mayor lo fueron durante la dictadura militar-empresarial. Pero continúan siéndolo hasta hoy. Bajo toneladas de retórica paternalista y demagógica, esas políticas ocultan el puño de hierro de la opresión que ha condenado a los mapuches a la miseria y a la discriminación racial.
El gobierno del presidente Piñera continúa –y profundiza- la política de “la zanahoria y el garrote” que aplicaron la presidenta Bachelet, y los antecesores de ambos en los siglos XIX y XX, salvo el breve período presidencial de Salvador Allende.
Para el 20 de agosto se anuncia un programa destinado a impulsar el desarrollo de La Araucanía, la región más pobre del país. En esencia son recomendaciones que surgieron de una comisión -encabezada por la Iglesia Católica-que funcionó durante el anterior gobierno. Tal como en el pasado, ese programa estará empedrado de buenas intenciones que, sin embargo, conducen al infierno de la represión. No es el desarrollo de La Araucanía -a la que se prometen 24 mil millones de dólares de inversiones públicas y privadas hasta el 2026 - lo que preocupa a los escuderos del capitalismo. El corazón de la estrategia invariable del Estado chileno es la acción policial y militar para contener las demandas de tierra y autonomía del pueblo mapuche. De las buenas palabras se pasa sin tropiezos al lenguaje de las balas. Desde 1990, bajo gobiernos “democráticos”, catorce activistas mapuches han sido asesinados por carabineros.
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