Un estudio de Empleo muestra que las empresas han abusado de las posibilidades abiertas por las últimas dos reformas laborales para reducir salarios, también después de la recesión.
El descuelgue es una medida legal que permite a los empresarios dejar de aplicar el convenio colectivo en varios aspectos como la jornada, los turnos o el sistema retributivo. Es una ventana que dejó entreabierta la reforma laboral de 2010, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que acabó de abrir del todo la de 2012 ya bajo la presidencia de Mariano Rajoy.
Basta con argumentar cuestiones técnicas, organizativas o económicas. En este último punto, es suficiente con tener dos trimestres consecutivos de descenso de “ingresos ordinarios o ventas”, según recoge el Estatuto de los Trabajadores.
Eso hace que sea relativamente sencillo cumplir los requisitos para bajar salarios, aumentar jornadas, retirar pluses o todo a la vez. Sin embargo, lo que se observa en este estudio es que, pese a las facilidades, se cometen “múltiples y recurrentes ilegalidades”, dice su autor, Luis Gómez, en conversación con El Salto.
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