El pasado 5 de mayo, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, hizo público su interés de iniciar un proceso constituyente en el país canalero. Esta declaración fue realizada durante la apertura del proceso electoral que culminará en el 2019. Según Varela, los ciudadanos de Panamá, además de elegir a la Presidencia y Vicepresidencia, a la nueva Asamblea Nacional, autoridades municipales y diputadas (os) al Parlamento Centroamericano, escogerán a las sesenta personas encargadas de reformar –parcial o ampliamente- a la Constitución Política, de aprobarse su iniciativa. Ante este llamado, surgen numerosos cuestionamientos que van desde la forma y el momento para llevar a cabo una Asamblea Constituyente, hasta los intereses que le impulsan y los derechos en riesgo.
Estos cuestionamientos surgen debido a que la convocatoria a una constituyente fue uno de los principales ejes de la campaña electoral del actual mandatario, cuya concreción postergó hasta ahora. Se plantea a un año de finalizar su gestión y bajo una modalidad que implica que el proceso de reformas tenga lugar en el marco de la nueva gestión presidencial que resulte elegida en 2019. Asimismo, cuando fue consultado por los motivos de convocar en este momento a una Constituyente, Varela argumentó que se trata del aprovechamiento de la inversión económica y logística de las elecciones nacionales de 2019 para incorporar una papeleta más para elegir a las sesenta personas facultadas para la reforma parcial o total de la Carta Magna panameña
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